El reclamo ciudadano es cada vez más fuerte y comprensible. En cada proceso electoral, miles de personas observan con molestia campañas costosas, espectaculares en avenidas, eventos multitudinarios y partidos políticos que parecen vivir en permanente modo electoral.
En ese contexto, una de las propuestas más repetidas rumbo a la próxima reforma electoral es clara: reducir el financiamiento público a los partidos políticos.
La idea conecta con un sentimiento generalizado de hartazgo: por qué seguir destinando recursos públicos a organizaciones que, en muchos casos, no rinden cuentas claras ni parecen representar las prioridades de la sociedad ?
Sin embargo, detrás de esa solución aparentemente simple se esconde un riesgo que la experiencia histórica, en México y en otros países,ha demostrado una y otra vez: cuando el dinero público se reduce sin controles adecuados, el dinero privado ocupa su lugar.
Por eso, el centro de la discusión no debería limitarse a cuánto dinero reciben los partidos, sino a preguntas más profundas:
- cómo se usan esos recursos ?
- quién los fiscaliza realmente ?
- qué tan efectivas son las auditorías ?
- existen sanciones reales cuando se miente o se viola la ley ?
Reducir el financiamiento sin fortalecer la vigilancia puede ser peor que no hacer nada. La austeridad, por sí sola, no garantiza honestidad; puede incluso generar incentivos perversos.
En este debate, la ciudadanía no está pidiendo privilegios para los partidos, sino reglas claras y efectivas. Entre las exigencias más legítimas están: austeridad sin simulación, transparencia total en el origen y destino del dinero, auditorías verdaderamente independientes, consecuencias reales para quien abuse o engañe.
Un sistema democrático sano no necesita partidos ricos; necesita partidos limpios, que compitan en condiciones de equidad y rindan cuentas con claridad.
La política no puede ni debe estar secuestrada por el dinero: cando el financiamiento se vuelve opaco, la competencia electoral deja de ser justa y la voz del ciudadano pierde peso frente a los intereses económicos.
Reducir el despilfarro es una demanda legítima. Pero hacerlo sin cuidar los mecanismos de control puede debilitar aquello que se pretende fortalecer. La tarea del legislador y de la sociedad es encontrar el equilibrio: "menos gasto inútil, más vigilancia y cero tolerancia al dinero en lo oscurito"
Porque cuando el dinero manda, la democracia se debilita.
Y cuando la democracia se debilita, la voz del ciudadano se apaga.
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Gustavo Buenrostro
Pdte de Por Querétaro Todo, AC
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