El reclamo ciudadano es cada vez más fuerte y comprensible. En cada proceso electoral, miles de personas observan con molestia campañas costosas, espectaculares en avenidas, eventos multitudinarios y partidos políticos que parecen vivir en permanente modo electoral.
En las últimas semanas, la propuesta de reforma electoral impulsada por el Poder Ejecutivo federal ha vuelto a colocar en el centro del debate público a dos instituciones clave de la democracia mexicana: el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Desde el discurso oficial se habla de ajustes, modernización, austeridad y eficiencia. Conceptos que, en abstracto, suenan razonables. Sin embargo, para la ciudadanía hay una pregunta que no puede evadirse: estos cambios fortalecen la democracia o concentran el poder ?
La respuesta no es técnica ni ideológica. Es profundamente ciudadana.
En cualquier competencia, la confianza en el resultado depende del árbitro. Si el árbitro es independiente, profesional y ajeno a los intereses de los jugadores, el resultado se acepta, incluso cuando no favorece a todos. Pero cuando el árbitro depende de uno de los contendientes, el juego deja de ser justo, aun antes de empezar.
Eso mismo ocurre en democracia: el INE y los tribunales electorales existen para cumplir una función elemental: garantizar que el voto de cada persona cuente lo mismo, sin importar a quién favorezca.
Para ello, deben ser instituciones autónomas, técnicas y resistentes a presiones políticas. No están diseñadas para facilitar proyectos de gobierno ni para obstaculizarlos; están diseñadas para cuidar la voluntad popular.
Conviene no perder de vista un dato histórico fundamental: México no siempre tuvo elecciones confiables. Durante décadas, el control gubernamental de los procesos electorales generó desconfianza, conflictos postelectorales y una sensación generalizada de que el voto no decidía realmente. La autonomía de las autoridades electorales no fue un regalo del poder, sino una conquista ciudadana. Surgió de crisis, protestas, negociaciones y reformas acumuladas que buscaron una sola cosa: que las elecciones dejaran de ser administradas por el propio gobierno interesado en ganarlas. Por eso, cuando hoy se plantea una reforma que podría modificar la integración, atribuciones o independencia de estos órganos, el análisis no puede limitarse al ahorro presupuestal o a la popularidad del planteamiento.
La pregunta es estructural: ¿se preserva el principio de autonomía o se debilita?
El Poder Ejecutivo ha insistido en que la reforma busca hacer más eficiente y menos costoso el sistema electoral. La austeridad, sin duda, es una exigencia legítima de la sociedad. Pero no toda reducción de costos es neutral.
Cuando el ahorro implica disminuir contrapesos, concentrar decisiones o facilitar la influencia política sobre quienes organizan y califican las elecciones, el precio que se paga no es financiero, sino democrático. Una autoridad electoral puede ser más barata, pero también más dependiente. Y una autoridad dependiente genera resultados cuestionados, aunque sean legales.
Defender la autonomía del INE y de los tribunales no significa defender a una persona, a un grupo de consejeros o a un partido. Significa defender un derecho básico: el derecho de cada ciudadano a decidir, con su voto, el rumbo del país. Cuando se debilita al árbitro, el daño no se ve de inmediato. Aparece después, cuando los resultados se cuestionan, cuando la derrota no se acepta o cuando la victoria se percibe como impuesta. Ahí es donde la democracia comienza a erosionarse.
En este momento, la mayor responsabilidad no recae solo en legisladores o funcionarios. Recae también en la ciudadanía. Informarse, cuestionar, exigir claridad y participar en el debate público es fundamental. La reforma electoral no debe aprobarse por consigna ni por popularidad. Debe evaluarse por sus efectos a largo plazo. Porque los gobiernos pasan, pero las reglas permanecen. Y las reglas que hoy se cambien servirán mañana a otros, quizá con intenciones muy distintas.
La democracia no se defiende solo votando. Se defiende cuidando las reglas que hacen posible que el voto valga. El INE y los tribunales electorales son piezas centrales de ese equilibrio. Cualquier reforma que los fortalezca en autonomía, profesionalismo y transparencia será bienvenida. Cualquier reforma que los debilite, aunque se presente como modernización, debe preocuparnos.
Porque cuando el árbitro pierde su independencia, el juego deja de ser justo y cuando el juego deja de ser justo, la voluntad ciudadana deja de ser la que decide.
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Gustavo Buenrostro
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